Leyendo El Comercio esta mañana, encontré un artículo interesante, sobre los presuntos ingresos ilícitos de Nadine Heredia. La fiscalía supuestamente quiere inculpar a Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos, tomando como base un supuesto desbalance patrimonial, y un supuesto financiamiento por parte del gobierno de Venezuela, liderado por Hugo Chávez.

Sobre ello, la fiscalía en vez de tratar de probar la ilicitud de los actos de Nadine Heredia, ha pretendido que prácticamente se la inculpada haga su trabajo, llegando hasta el ridículo de pedirle además de los contratos y recibos profesionales, la acreditación de que ha efectuado el trabajo que le han encomendado.

Mi opinión al respecto de la siguiente: en primer lugar, la fiscalía es quien tiene que acreditar existencia un delito, no le corresponde hacerlo al inculpado; en segundo lugar, a la fiscalía le corresponde verificar la existencia de un patrimonio ilícito, correspondiéndole al poder judicial en última instancia resolver si es ilícito recibir dinero de un gobierno extranjero por una persona natural; en tercer lugar, encontramos al secreto profesional protegido en el numeral 18 del artículo 2° de la Constitución Política del Estado, siendo así, Nadine Heredia se encuentra impedida de exhibir el contenido de su trabajo para las empresas que ha trabajado, ante el poder judicial, salvo que haya autorización expresa por parte de su cliente.

Siendo así los hechos, me parece terriblemente injusto que a Nadine Heredia se le cuestione la licitud de sus ingresos personales, ya que ella no es servidora del Estado, ni tampoco es una persona que realice actividad política, sino más bien su actividad es privada.

Finalmente, aún cuando no estoy de acuerdo con las ideas de su esposo Ollanta Humala, me da la impresión, que todo este acoso judicial, es parte de un de una manipulación política del gobierno, ya que es sabido que Ollanta Humala, no está en la línea de muchos empresarios.